Informe de Libertad de expresión
El Informe Anual de Libertad de Expresión (ILE) desarrollado por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) brinda un panorama situacional de los derechos a la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información pública en Honduras durante los últimos 18 meses, en el que destaca las necesidades de las voces ciudadanas, así como la forma en que estas son transmitidas, interpretadas y visibilizadas especialmente en zonas de conflicto y de dificil acceso, condicionados por el escenario político y las restricciones producto de la pandemia por COVID- 19.
Este escenario, no sería el mismo sin la función de los medios de comunicación, sean estos
radiales, televisivos, digitales, de prensa escrita, medios alternativos o comunitarios, considerando que los ciudadanos perciben los liderazgos políticos y el accionar público a través de ellos, desde su función fiscalizadora, informadora, educativa y de transformación que conlleva una gran responsabilidad en el ejercicio del periodista, en especial en democracias frágiles.
Durante este período, a pesar de la disminución de las alertas publicadas, se registraron cinco asesinatos de periodistas, mientras las acciones de violencia, intimidación, amenazas y bloqueos informativos parecen seguir los mismos patrones de años anteriores, existe un nuevo espacio público, donde se trasladan y potencian las mismas. Producto de la pandemia, muchos medios de comunicación cambiaron las formas de hacer periodismo, por tal razón los escenarios de violencia se trasladaron “De la represión en el espacio público al silenciamiento digital”.
Entre enero de 2023 y julio de 2024, a pesar de una leve disminución del número de las alertas publicadas, se registraron cinco asesinatos de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, mientras las acciones de violencia, intimidación, amenazas y bloqueos informativos parecen seguir los mismos patrones de años anteriores, existe un nuevo espacio público, donde se trasladan y potencian las mismas, las redes sociales.
Se destaca el aumento de los señalamientos públicos, especialmente en redes sociales a periodistas y activistas sociales a quienes diversos funcionarios públicos han estigmatizado con fuertes señalamiento, especialmente cuando se hace cobertura de hechos relacionados con corrupción.
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A partir del 2024, el Comité por la Libre Expresión ha incluido en su metodología de análisis de la impunidad sobre casos de asesinatos a los periodistas y comunicadores desaparecidos, por lo que las cifras en comparación con algunas entidades gubernamentales varían según el tiempo de inclusión. Desde 1984 a la fecha C-Libre ha documentado al menos 112 asesinatos y desapariciones de periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios.
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A poco menos de nueve años de la creación del Mecanismo Nacional de Protección (MNP) en Honduras, una instancia surge en 2015 como una demanda desde la sociedad civil para que el Estado cumpla con su responsabilidad sobre la salvaguardia de la vida e integridad de quienes desempeñan roles cruciales para la democracia, la implementación de medidas físicas y de acompañamiento policial-militar son insuficientes para garantizar la vida de los periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos y operadores de justicia.
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“La impunidad total en los procesos de investigación y de acceso a la justicia, como factores centrales que contribuyen a poner en riesgo la vida de quienes ejercen el periodismo y la comunicación social. Hasta ahora solo 8 casos han sido judicializados y en los que se tiene identificado, al menos, a los autores materiales de estos hechos. Produciendo una tasa de impunidad muy elevada y preocupante”.
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Ante la creciente amenaza de la violencia en línea, las mujeres periodistas, cuentan con pocas herramientas para hacerle frente a los ataques, abusos o amenazas que reciban en el ecosistema digital, proteger su privacidad, brindarle acceso a tratamiento postraumático, buscar rendición de cuentas y garantizar su labor sin autocensura.
En el año 2023, el acceso a la justicia para las comunidades indígenas y garífunas ha sido un tema crítico, reflejado en las alertas emitidas que evidencian diversas violaciones a sus derechos. Las estadísticas muestran que la violencia continúa siendo el principal flagelo, representando un alarmante 78.9% de las alertas registradas. Este dato resalta la grave situación de inseguridad y riesgo que enfrentan estas comunidades en su lucha por la defensa de sus derechos y territorios.
